El Gobierno aprobó una reforma al reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), con el objetivo de agilizar la tramitación de permisos para proyectos de inversión, concentrando la evaluación en iniciativas con impactos significativos sobre el medioambiente. La medida fue impulsada por el Comité de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, y constituye la modificación más relevante al reglamento desde su implementación en 1997.
La reforma introduce nuevos umbrales que eximen del ingreso al SEIA a proyectos de menor envergadura, que serán regulados por permisos sectoriales. El nuevo enfoque busca evitar duplicidades y mejorar la eficiencia del sistema, sin relajar los estándares ambientales. La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, y la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, coincidieron en que la reforma moderniza el sistema y prioriza la evaluación de grandes proyectos con efectos relevantes.
En concreto, se revisaron 19 tipologías de proyectos, incorporando criterios técnicos actualizados para sectores como energía, minería, transporte, turismo y gestión de residuos. Por ejemplo, líneas de transmisión eléctrica con longitud inferior a dos kilómetros y tensión menor o igual a 23 kV quedarán exentas del SEIA. También se modificó el umbral de almacenamiento para estaciones de servicio, que se elevó de 200 mil a 850 mil litros, y se especificó que en proyectos turísticos solo se considerará la superficie efectivamente intervenida.
Asimismo, se establecieron excepciones para ciertas iniciativas mineras, como el reprocesamiento de relaves con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) vigente, y se ajustaron los parámetros para proyectos que involucren sustancias peligrosas. Según estimaciones del Ministerio del Medio Ambiente, los cambios afectarían cerca del 5% de los proyectos ingresados en los últimos cinco años, sin contar los beneficios para modificaciones de proyectos ya autorizados.
El anteproyecto fue presentado en febrero y recibió 693 observaciones durante la consulta pública. Tras la reciente aprobación por el Comité de Ministros, el reglamento será enviado a la Contraloría General de la República para su revisión y toma de razón, y se espera que entre en vigencia antes de finalizar el año.
