La Coordinadora de Trabajadores Mineros (CTMIN) informó, a través de una carta dirigida al subsecretario de Minería, Ricardo Irarrázabal, el «congelamiento» de su participación como integrantes de la mesa de Política Minera 2050, una iniciativa del Gobierno que busca avanzar hacia la construcción de nuevas políticas para el sector. Como representantes del mundo sindical, los trabajadores comentaron que las razones específicas de su «no participación» son dos. Primero, dada la decisión de iniciar un debate para arribar a una nueva Carta Magna desde una hoja en blanco, aseguran que no ven la prioridad de avanzar sectorial y aisladamente en definiciones de política minera de largo plazo. Y, segundo, señalan que les resulta complejo «compartir espacio con autoridades de un Gobierno que no ha sido claro en detener las sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos que hemos conocido».
En agosto pasado Ricardo Irarrazabal, subsecretario de Minería, dio inicio al ciclo de mesas de trabajo con actores de la industria minera, sociedad civil, mundo académico y asociaciones comunitarias, a fin de avanzar hacia la construcción de la Política Nacional de Minería 2050.
La iniciativa, que forma parte del Programa de Gobierno, busca generar un acuerdo político-social que posibilite la minería como una plataforma de desarrollo sostenible para Chile y que, a su vez, genere mayor certeza jurídica para la inversión minera.
Sin embargo, en el marco de las manifestaciones sociales, y tras la firma del acuerdo constitucional en el Congreso, que fijó la ruta hacia una nueva Carta Fundamental, el objetivo del Gobierno no es compartido por ahora por la Coordinadora de Trabajadores de la Minería (CTMIN), quienes informaron, a través de una carta enviada al subsecretario Irarrazabal, el «congelamiento» de su participación en la mesa de Política Minera 2050 como representantes del mundo sindical minero.
¿Sus razones? Dicen que si bien hay una multiplicidad de aspectos mejorables en lo que ha sido la convocatoria a esta mesa, sus motivaciones específicas son dos.
Primero, dicen, «dada la decisión de iniciar un debate para arribar a una nueva Carta Magna desde una hoja en blanco, no vemos la prioridad de avanzar sectorial y aisladamente en definiciones de política minera de largo plazo, manteniendo los límites de la actual institucionalidad y junto a un pequeño número de actores«.
Y segundo, pasadas ya siete semanas desde el inicio de las movilizaciones ciudadanas, comentan que les resulta complejo «compartir espacio con autoridades de un Gobierno que no ha sido claro en detener las sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos que hemos conocido».
Los trabajadores de la Minería explican que solo han habido «tibias reacciones frente a categóricos informes de instituciones internacionales, sobre miles de situaciones, muchas de las cuales pasaron a solo cuadras de sus oficinas y que han sido ampliamente difundidas tanto por medios de comunicación tradicionales como por redes sociales».
Además, «como dirigentes sindicales, como parte de una rica tradición de defensa de los derechos de las y los trabajadores, partiendo por el derecho a manifestarse; no podemos hoy compartir con autoridades de un Gobierno que necesita de organismos internacionales para saber que en Chile se violan los derechos humanos», sentenciaron.
Finalmente, y «de manera formal y respetuosa», sugieren a los demás integrantes de esta instancia que puedan acordar la paralización de ésta, «hasta que se generen las condiciones para un adecuado y fructífero trabajo que sea capaz de proyectar realmente una política minera de manera participativa y sustentable para las próximas décadas», concluyeron.
