La Coordinadora de Trabajadores Mineros (CTMIN) informó, a través de una carta dirigida al subsecretario de Minería, Ricardo Irarrázabal, el «congelamiento» de su participación como integrantes de la mesa de Política Minera 2050, una iniciativa del Gobierno que busca avanzar hacia la construcción de nuevas políticas para el sector. Como representantes del mundo sindical, los trabajadores comentaron que las razones específicas de su «no participación» son dos. Primero, dada la decisión de iniciar un debate para arribar a una nueva Carta Magna desde una hoja en blanco, aseguran que no ven la prioridad de avanzar sectorial y aisladamente en definiciones de política minera de largo plazo. Y, segundo, señalan que les resulta complejo «compartir espacio con autoridades de un Gobierno que no ha sido claro en detener las sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos que hemos conocido».
En agosto pasado Ricardo Irarrazabal, subsecretario de Minería, dio inicio al ciclo de mesas de trabajo con actores de la industria minera, sociedad civil, mundo académico y asociaciones comunitarias, a fin de avanzar hacia la construcción de la Política Nacional de Minería 2050.
La iniciativa, que forma parte del Programa de Gobierno, busca generar un acuerdo político-social que posibilite la minería como una plataforma de desarrollo sostenible para Chile y que, a su vez, genere mayor certeza jurídica para la inversión minera.
Sin embargo, en el marco de las manifestaciones sociales, y tras la firma del acuerdo constitucional en el Congreso, que fijó la ruta hacia una nueva Carta Fundamental, el objetivo del Gobierno no es compartido por ahora por la Coordinadora de Trabajadores de la Minería (CTMIN), quienes informaron, a través de una carta enviada al subsecretario Irarrazabal, el «congelamiento» de su participación en la mesa de Política Minera 2050 como representantes del mundo sindical minero.
¿Sus razones? Dicen que si bien hay una multiplicidad de aspectos mejorables en lo que ha sido la convocatoria a esta mesa, sus motivaciones específicas son dos.
Primero, dicen, «dada la decisión de iniciar un debate para arribar a una nueva Carta Magna desde una hoja en blanco, no vemos la prioridad de avanzar sectorial y aisladamente en definiciones de política minera de largo plazo, manteniendo los límites de la actual institucionalidad y junto a un pequeño número de actores«.
Y segundo, pasadas ya siete semanas desde el inicio de las movilizaciones ciudadanas, comentan que les resulta complejo «compartir espacio con autoridades de un Gobierno que no ha sido claro en detener las sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos que hemos conocido».
Los trabajadores de la Minería explican que solo han habido «tibias reacciones frente a categóricos informes de instituciones internacionales, sobre miles de situaciones, muchas de las cuales pasaron a solo cuadras de sus oficinas y que han sido ampliamente difundidas tanto por medios de comunicación tradicionales como por redes sociales».
Además, «como dirigentes sindicales, como parte de una rica tradición de defensa de los derechos de las y los trabajadores, partiendo por el derecho a manifestarse; no podemos hoy compartir con autoridades de un Gobierno que necesita de organismos internacionales para saber que en Chile se violan los derechos humanos», sentenciaron.
Finalmente, y «de manera formal y respetuosa», sugieren a los demás integrantes de esta instancia que puedan acordar la paralización de ésta, «hasta que se generen las condiciones para un adecuado y fructífero trabajo que sea capaz de proyectar realmente una política minera de manera participativa y sustentable para las próximas décadas», concluyeron.
(El Mercurio de Calama) A dos semanas de la inauguración del proyecto Chuquicamata Subterránea se conocen más antecedentes del segundo proyecto estructural de Codelco en construirse. Mina que revistió uno de los mayores desafíos ingenieriles en la historia del país y que dentro de siete años, cuando termine su etapa de ramp up y entre en régimen, producirá 320 mil toneladas de cobre fino anualmente.
El gerente del proyecto Chuqui Subte, Rodrigo Barrera, detalló que el proyecto original contemplaba cuatro niveles de exploración y que luego de una reformulación se redujeron a tres. Niveles, precisó, cuyo «ciclo de vida es en torno a los 15 o 16 años y lo que viene ahora es definir dónde estarán los siguientes dos niveles, por lo tanto, más importante que definir dónde está el primer nivel es definir dónde estará emplazado el segundo».
En este mismo sentido, el ejecutivo de la minera estatal explicó que para cumplir esta tarea ya comenzó el trabajo de ingeniería que definirá «cuál es el mejor valor económico en función del conocimiento que ya tenemos y de las nuevas tecnologías que imperan en el mundo, porque podemos tener buenas noticias».
Explotación rentable
Sobre las reservas de mineral de Chuquicamata Subterránea, Barrera especificó que «las reservas de mineral son más de 1.700 millones de toneladas, y los recursos, o sea el cobre que está disponible, que está identificado, son 4.000 millones de toneladas. Entonces, qué hace la ingeniería, define qué de ese porcentaje total que está ahí, es económicamente rentable explotarlo».
El gerente, consultado sobre cuál será la producción de este 2019, dijo que «el proceso de incremento productivo de una subterráneas es totalmente distinto al de un rajo, la mina subterránea requiere un periodo muchísimo más largo (…) lo que vamos a alcanzar de aquí a fin de año es del orden de las 5 mil toneladas por día y eso tenemos que ir incrementándolo en los próximos siete años para poder llegar a los 140 mil toneladas diarias».
La mina, que cuenta con reservas por 1.028 millones de toneladas de mineral de cobre, con una ley de 0,82%, tendrá vida productiva por 40 años.
En una actividad organizada por el Sindicato de Supervisores de Minera Candelaria, se realizó un interesante conversatorio con mujeres líderes que hablaron de sus experiencias desde el mundo sindical y económico, bajo la perspectiva de género en el trabajo.
La iniciativa gremial enmarcada en el programa de actividades con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, tuvo lugar en el Salón Multiuso de dicho sindicato, lugar hasta donde llegaron dirigentes, y de manera fundamental socias y esposas de supervisores, como también invitadas especiales.
La Presidenta del Sindicato de Supervisores de Minera Candelaria, Pamela Bordones Olivares, al hacer una evaluación del conversatorio dijo que resultó muy positivo, donde el objetivo central estuvo enfocado en reivindicar la posición de la mujer, especialmente en minería.
“Fue una experiencia muy provechosa, donde escuchamos potentes testimonios de mujeres líderes, madres y esposas. Somos una región minera, y la representación de las mujeres en la minería ha aumentado a través de los años”, indicó Bordones.Fernanda Flores Correa, abogada y asesora jurídica del Sindicato de Supervisores, quien expuso sobre la “Incorporación desde la Perspectiva de Género en la Legislación Nacional”, particularmente en lo relativo al marco jurídico – laboral de la mujer, dijo que había resultado una experiencia muy nutritiva y un diálogo donde se compartieron muchas experiencias.
“En definitiva son estas instancias las que hacen crecer a las mujeres sindicales y a las mujeres en general, donde pueden plantear sus inquietudes, problemáticas y socializar desde su experiencia y mirada lo relacionado con la equidad e igualdad de género. En otras palabras, es la semilla donde germina la concreción de las voluntades individuales en voluntades colectivas”, sentenció la jurista.
Otra de las expositoras fue una de las proveedoras de la industria minera en su calidad de fabricante textil, como es el caso de Delia Valdés López, de la empresa Atacama Mining Clothes , quien señaló que le correspondió relatar su experiencia de vida en la confección de vestuario mujer minera, asimismo contó de cómo fue creciendo en el tiempo con su emprendimiento que por lo demás en el camino contó con el apoyo de fondos públicos concursables.
“Me pareció extraordinaria la idea del conversatorio, convirtiéndose en una válida oportunidad de encuentro entre las mujeres en una fecha tan emblemática como el Día Internacional de la Mujer. Conocimos diferentes propuestas de las mujeres, escuchamos testimonios acerca de la vida cotidiana, los que nos gusta y nos afecta, en consecuencia una experien
Ayer la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío reveló el testimonio secreto del suspendido alcalde de Tierra Amarilla, Osvaldo Delgado, ante la fiscalía de Copiapó, donde aseguró que el diputado, Jaime Mulet (exDC y hoy Federación Regionalista Verde Social), le habría ofrecido un soborno de 400 millones de pesos. Ello con el fin de que levantara una medida prejudicial sobre los honorarios que cobrarían los abogados de la comuna, Hernán Bosselin y Ramón Briones por más de 2.760 millones de pesos.
El monto, era más del 50 por ciento de más de 4.800 millones de pesos que obtuvo la sede edilicia en una transacción con la minera Candelaria en 2015, con el fin de que no bloqueara con acciones judiciales la aprobación ambiental para dar continuidad operacional a la extractora de capitales canadienses hasta 2030.
Sin embargo, no era el único aporte monetario. Tierra Amarilla recibió para libre disposición, aparte del dinero de los abogados, otros 2.070 millones de pesos, de libre disposición.
Pero hay más. Candelaria, además entregó a la comuna 11.533 millones de pesos para mejoramiento de salud, cultura, entre otros.
Coincidentemente, Candelaria logró la autorización por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de Atacama en 2015 sin problemas, y al año siguiente, de la misma forma, ante el Comité de Ministros.
Sin embargo, detrás de la aprobación hay redes políticas y de lobby que incluyen a variados actores que tuvieron distintas participaciones en el proyecto, entre ellos al exministro Enrique Correa y un miembro del Consejo de Defensa del Estado (CDE) como abogado particular.
Esta es la segunda entrega con nuevos detalles de esta historia de miles de millones, vínculos, relaciones políticas, audiencias coincidentes en tiempo y forma, altos honorarios e intentos de penetrar a la autoridad fiscal, reuniones en oficinas de Santiago y un hotel de Copiapó, informes jurídicos, la declaración ante la PDI del gerente legal de Candelaria, presentaciones a los tribunales y platas de SQM, que revela la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.
La red
En 1989, el entonces dirigente de la Democracia Cristiana (DC), Adolfo Zaldívar, manifestó su deseo de postular a senador por la Región de Atacama. Como contrincante, tenía a otro de su peso: Genaro Arriagada. Este último era apoyado por Juan Mulet Bou, histórico dirigente DC de la Tercera Región y padre del actual vicepresidente de la Cámara de Diputados, Jaime Mulet.
En la puja interna de la falange, Zaldívar se impuso y fue el candidato del partido y Mulet Bou -disciplinado militante y uno de los pocos defensores de DDHH en la zona-le prestó todo su apoyo y redes en Atacama para la campaña. El “Colorín” perdió la elección a senador, pero apadrinó a Jaime Mulet hijo que fue, hasta fines de 2010, uno de sus más cercanos colaboradores.
Jaime Mulet aceitó y heredó la red de su papá en Atacama, hasta que en 1998 fue electo por primera vez diputado y en 2008 abandonó la DC junto a Zaldívar, en medio del cisma interno con acusaciones de corrupción contra Soledad Alvear. Luego, Zaldívar creó el Partido Regionalista Independiente (PRI) y Mulet adhirió a él.
Pero esa alianza con Zaldívar se rompió el 12 de agosto de 2009, cuando Mulet, que buscaba ser elegido senador por Atacama, inició un acercamiento con Marco Enríquez Ominami en medio de la presidencial de ese año. Uno de sus apoyos era precisamente desde Tierra Amarilla, donde Osvaldo Delgado había sido concejal hasta 2008.
Sin embargo, Mulet no fue elegido pese a obtener el 17,64 por ciento de los votos. Y aún cuando integraba el pacto Chile Limpio, Vote Feliz, quedó fuera de la política.
El fracaso de un encuentro
Fuera de la política, Mulet dedicó sus días a sus negocios en una pequeña empresa de transportes y algunas asesorías, pero “quedé con una deuda pendiente, desde mi punto de vista, con Tierra Amarilla, que es una comuna tremendamente contaminada, pues ví conductas abusivas de parte de Candelaria”, dijo a Radio Bío Bío.
Fue así como a fines de diciembre de 2012, el alcalde Osvaldo Delgado llegó al hotel Diego de Almagro de Copiapó en compañía de Mulet. Hacía pocos días que había ganado las elecciones como jefe comunal y asumido el cargo en propiedad.
A la mesa llegaron el vicepresidente de negocios de la minera, Francisco Costabal, y su presidente Peter Quinn.
Delgado y Mulet fueron de inmediato al grano. La empresa había provocado graves daños ambientales en la zona de Tierra Amarilla. Sin embargo, no querían afectar a la firma, por entonces en manos de la americana Free Port, y propusieron “canales de diálogo” para sondear una compensación a la comuna, ya que tenían en sus manos un estudio preparado por el ingeniero civil, Pablo Barañao, dueño de la consultora Mejores Prácticas Ambientales -y exsubgerente de Medioambiente de Colbún-, que daba cuenta de importantes problemas de polución.
La propuesta cayó como balde de agua fría en la firma. Estaba en el “borde del chantaje”, recordó uno de los ejecutivos que conoció el hecho.
Uno de los evaluadores al interior de Candelaria fue su gerente legal, Miguel Troncoso Guzmán, quien estimó, junto a la plana mayor, que no existían antecedentes sobre anomalías en el funcionamiento de la mina, ni menos daño ambiental, tal como reconoció en una declaración ante la PDI de Copiapó, fechada el 17 de enero de 2018. Por esta razón, dijo Troncoso Guzmán, dejaron en libertad de acción a Delgado y Mulet.
Todos amigos
Según el testimonio de Delgado, había que modernizar la municipalidad de Tierra Amarilla y comenzar una administración con funcionarios de confianza. De ello se encargó Mulet, dijo el edil, por lo que a instancias de este último contrató a los abogados Cristian y Jorge Brito, ambos exasesores de Adolfo Zaldívar.
Estos últimos tres -se descubriría en 2014- recibieron aportes ilegales de SQM para financiamiento de la política. Jorge Brito 40 millones de pesos, mientras que Cristian 20 millones. Zaldívar, en tanto, tampoco estuvo fuera de la repartija: 20 millones de pesos también llegaron a su partido. De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, el PRI recibió 385 millones de pesos desde SQM y 70 millones de pesos desde el grupo Angelini, dio cuenta un reportaje de Ciper Chile.
Más allá de las designaciones de estos últimos, la idea de generar puentes de negociación con Candelaria se había caído, pero el municipio volvió a la carga.
A mediados de 2013, reveló Delgado, en una reunión que sostuvieron en la sede comunal, Mulet, Jorge Brito y el administrador municipal, Jaime Bahamondes, le indicaron que debían demandar a Candeleria por daño ambiental.
“Me hablaba (Mulet) que había que demandar a la minera ante el Tribunal Ambiental. Solo eso. No se refirió al proceso mismo y que él conocía abogados en Santiago que sabían hacerlo (…) me dijo que eran Bosselin y Briones. No investigué si eran especialistas. En eso, tanto Jorge Brito como Jaime Bahamondes me incentivaron a demandar. A mí me pareció una buena idea.”, dijo al fiscal Luis Miranda el pasado 28 de junio.
Delgado viajó a Santiago y se reunió en la oficina de Bosselin y Briones junto a Mulet y Jorge Brito.
“Bosselin y Briones fueron siempre muy amables conmigo y decían conocer bien a Mulet. Me dijeron que no me preocupara, que ellos harían todo (…) que se podía obtener 120 millones de dólares de la minera como compensación por daño ambiental. No hablamos del pago de honorarios”, prosigue el testimonio del alcalde.
El momento era inmejorable, ya que en septiembre de 2013 Candelaria debía ingresar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante la autoridad regional, con el fin de obtener la autorización para que la mina siguiera operando hasta 2030. Los dueños de la extractora, por entonces la estadounidense Freeport, iniciaban los contactos con la canadiense Lundin Mining -en la más estricta reserva- para la venta del terreno con potencial cuprífero.
Cuerdas separadas
En un voluminoso documento presentado el 3 de septiembre de 2013 por el representante legal de Candelaria, Peter Quinn, dio a conocer a la CEA los aspectos del EIA que debían ser evaluados por la autoridad, en el marco de una inversión de 400 millones de dólares que entregaría empleo en la zona.
De esta manera, como una forma presionar a una negociación, el 3 de diciembre de 2013, a instancias de Mulet, el municipio firmó un contrato por asesoría jurídica con Bosselin y Briones, donde se estipulaban los honorarios: un 20 por ciento de todo lo que se obtuviera.
“Había que tener un equipo jurídico de peso, que fuera capaz de sostener una demanda contra una gran compañía minera que obviamente iba a desplegar una batería de abogados. Entonces, de esa manera, contacto al alcalde con el estudio jurídico Bosselin y Briones”, explicó Mulet a Radio Bío Bío.
Formalizado el vínculo, el 12 de diciembre una demanda por daño ambiental de 59 páginas ingresó al Segundo Tribunal Ambiental (STA), en Santiago.
En ella, los profesionales Bosselin y Briones esgrimieron que la firma debía hacerse cargo de los problemas provocados por las faenas en los habitantes de la comuna, pero al mismo tiempo dejaron abierta la posibilidad de un acuerdo económico extrajudicial.
“En esta demanda (…) pido formalmente (…) se declare a la demandada Compañía Minera Candelaria (que) ha producido daños ambientales por culpa o dolo, motivo por el cual debe ser condenada (…) a repararlos materialmente”, escribieron Briones y Bosselin.
Por esos días, Mulet compartía oficina con Bosselin y Briones y dedicaba, en parte, su tiempo a negociar con la minera. Prueba de ello es que los juristas lo incluyeron en uno de los escritos presentados ante el tribunal ambiental, como uno los patrocinantes.
“(Estuve) ayudándole a Bosselin y Briones, con quienes estuve trabajando un año y medio, dos, en su oficina. Más bien me prestaban un espacio de la oficina. Me vine a vivir a Santiago y mantenía una muy buena relación con ellos”, dijo Mulet.
La demanda comenzó su tramitación en el STA el 16 de diciembre del mismo año y, en ella, los juristas solicitaron que fueran citados a declarar los máximos representantes de la minera, Francisco Costabal, Peter Quinn y Rubén Funes, por entonces gerente de operaciones de la compañía.
En un giro procesal, abrieron una nueva arista en contra de la cuprífera y el 4 de enero, cuando aún el STA tramitaba el libelo civil, ingresaron una denuncia ante la Superintendencia del Medioambiente (SMA), con miras a que la autoridad iniciara un proceso sancionatorio, por supuestos incumplimientos a las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) anteriores a 2013, atendido a que la minera Candelaria inició sus operaciones en 1994.
En paralelo, la demanda nunca pudo ser notificada a la compañía. En un escrito fechado el 7 de enero de 2014 los abogados de Tierra Amarilla solicitaron al STA una audiencia formal. Con ella pretendían explicar a la autoridad que cuando concurrió la receptora judicial a realizar el trámite de notificación, empleados de la firma negaron en forma sistemática la presencia de los ejecutivos en sus oficinas. Paradójicamente, de acuerdo al documento, estos últimos “han sostenido entrevistas personales con el señor alcalde de Tierra Amarilla”.
Los abogados insistieron en que los jueces del STA debían recibirlos, pero dos escritos fueron rechazados, por lo que el 14 de enero de 2014, presentaron esta vez un complemento a la denuncia de la SMA, donde incluyeron el estudio preparado por la consultora Mejores Prácticas SPA. Esta última fue contratada, dijo su dueño, Pablo Barañao por Tierra Amarilla, pero en la comuna se indicó que no existían boletas de honorarios de la firma.
En los argumentos que esgrimieron en la oportunidad Bosselin y Briones ante la SMA, es que habían suspendido la notificación de la demanda a Candelaria ingresada ante el Tribunal Ambiental, lo que se contradice con la tramitación de la acción judicial, ya que no existe ningún escrito donde los abogados se desistan. Tanto es así, que el libelo fue archivado recién el 8 de agosto de 2014, cuando las negociaciones con la cuprífera estaban en su máximo apogeo.
En cualquier caso, la SMA resolvió iniciar una investigación en contra de Candelaria por daño ambiental el 14 de febrero.
Por esos días, nuevamente, Mulet intentó un acercamiento para negociar con Candelaria, según reconoció Miguel Troncoso, el gerente legal de la minera en una declaración ante el detective Ernesto Cayuno, a la que accedió Radio Bío Bío.
En otras palabras, tres frentes comenzaban a coexistir. El último de ellos, la negociación extrajudicial, donde aparecería en escena un viejo conocido de Mulet, Briones y Bosselin.
Lobbista de profesión
Como los intentos de acercamiento con Candelaria no fructificaron, en abril de 2014 el socio de Imaginacción, Moisés Valenzuela -viejo conocido de Mulet-, en representación del lobbista Enrique Correa, tomó contacto con Bosselin y Briones y solicitó una reunión formal, según consta en un documento al que accedió este medio preparado por el bufet.
Allí, acordaron reunirse con Francisco Costabal, entonces Vicepresidente de Negocios, y otros ejecutivos de la compañía, que por entonces era controlada por la estadounidense Freeport MacMoran Cooper And Gold.
La encuentro no prosperó en aquella oportunidad, porque la firma estaba en negociaciones para vender la propiedad a Lundin Mining (LM), de capitales canadienses. Fuentes de la empresa indicaron que de todos modos hubo otros encuentros para que las partes se reunieran una vez que la venta estuviera formalizada.
En medio de estas negociaciones, el 26 de mayo de 2014, el entonces ministro del Medioambiente Pablo Badenier (DC), visitó Atacama.
En la oportunidad, se comprometió a revisar los estudios de impacto ambiental de la zona afectada por Candelaria, sin mencionar a la cuprífera. Coincidentemente, la Comisión de Evaluación Ambiental copiapina, paralelamente, analizada el EIA presentado por la minera en septiembre de 2013 y la SMA continuaba su indagatoria.
De hecho, Badenier amenazó con declarar a Tierra Amarilla como “zona saturada”. “A nosotros nos interesa aumentar la fiscalización sobre algunas resoluciones de calificación ambiental (…) segundo, estudiar la factibilidad de instalar una estación de monitoreo (…) y en el mediano plazo evaluar la declaración de Tierra amarilla como zona saturada”, explicó cuando fue consultado por Radio Bío Bío.
El alcalde Delgado, hizo lo propio, solicitando que Badenier, derechamente, rechazara la continuidad operacional de la mina hasta 2030.
El 31 de mayo, Badenier otorgó también una entrevista a TVN de Atacama, donde nuevamente se refirió a la problemática de Tierra Amarilla.
Lo llamativo es que como secretario de la cartera, Badenier presidía el Comité de Ministros, precisamente la instancia que debía pronunciarse sobre el EIA de Candelaria. En la firma, se analizó la posibilidad de inhabilitarlo, pero finalmente se desechó.
Una fuente cercana a Osvaldo Delgado indicó que la visita de Badenier fue generada por Briones y Bosselin, como parte de la estrategia comunicacional que, a su vez, era parte de la asesoría jurídica que prestaban a la comuna.
De hecho, en la página 14 de un documento preparado por estos abogados, puede leerse: “Hubo que coordinar, preparar y gestionar conferencias de prensa en la ciudad de Santiago, las visitas de medios nacionales a la región, entrevistas en canales nacionales de televisión, entre visitas en medios locales”, escribieron los profesionales en la página 15 de su rendición de cuentas al municipio.
No fue toda la estrategia. El propio Mulet preparó un documento que ingresó en junio de 2014 en la Cancillería, para que fuera analizado por el punto focal chileno ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), dependiente de la Dirección General de Relaciones Económicas (Direcon) de la Cancillería.
Básicamente, la presentación buscaba que la empresa, en su carácter de multinacional que operaba en el país, enfrentara el incumplimiento de las “líneas directrices” en materia ambiental. El hecho complicaba a Candelaria, porque se abría un nuevo flanco.
Cambio de mano
Pues bien, en octubre de 2014 la canadiense Lundin Mining (LM) finalmente se hizo de la propiedad de Candelaria por la suma de 1.800 millones de dólares con el compromiso de invertir más de 400 millones de dólares en poner en marcha el proyecto. La cifra no era menor en una zona deprimida y con un importante nivel de desempleo.
En noviembre del mismo año, la empresa de Enrique Correa -Imaginacción- nuevamente contactó a Bosselin y Briones, indicándoles que había “interés en comenzar un diálogo con nuestra parte y sus asesores para buscar resolver los conflictos que sostenían”, se lee en un documento preparado por los juristas que asesoraban a la comuna.
El lugar elegido para continuar con las tratativas fue la oficina de los abogados de Tierra Amarilla en pleno centro de Santiago. A ella asistieron Bosselin y Briones, el alcalde Osvaldo Delgado, Jaime Mulet, Jaime Bahamondes, a la sazón administrador municipal, y el asesor ambiental Pablo Barañao, de la empresa Mejores Prácticas Asociados Spa.
Por Candelaria concurrieron Pablo Mir, en calidad de presidente de Lundin Mining Latinoamérica, Rodrigo Quintana del estudio Bofill-Mir-Álvarez-Jana, que a su vez funge como miembro del Pleno del Consejo de Defensa del Estado (CDE). Junto a los anteriores, también participaron el gerente legal de Candelaria, Miguel Troncoso, y los socios de la empresa de lobby Imaginacción, Enrique Correa y Moisés Valenzuela.
Atendido que las conversaciones entraron en un nuevo contexto, el propio Mulet retiró, el 9 de diciembre de 2014, la presentación que había hecho ante la OCDE-Chile unos meses antes, tal como se lee en la resolución redactada por el punto focal de la Direcon ante el organismo internacional, Gastón Fernández, fechada el 14 de abril de 2015.
“El requirente solicitó no prosperar en la instancia, en atención a que los nuevos dueños de la empresa minera (Lundin Mining) abrieron la posibilidad de establecer una mesa de trabajo conjunta”, se lee en la resolución.
A esa fecha, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores era el PPD Heraldo Muñoz, mientras que el subsecretario, Edgardo Riveros (DC). Este último, antes de ingresar al segundo gobierno de Bachelet, en marzo de 2014, presidía el Think Tank de su partido, Centro Democracia y Comunidad (CDC). La entidad recibió de parte del de los grupos Said, Saieh y Angelini, una suma total de 54 millones de pesos, destacó el diario La Segunda, en el marco de la investigación por los aportes ilegales a la política.
El holding dirigido por Álvaro Saieh, cuenta entre sus propiedades al Grupo Copesa, dueño de La Tercera, SMU, y que también ha sido asesorado por Enrique Correa.
Tejiendo redes
Las negociaciones de Candelaria, ese enero de 2015, no estaban en el mejor pie. No lograban acuerdo ni respecto de los posibles daños ambientales que imputaba el municipio, ni menos en los montos que se podrían obtener para resarcirlos.
Por ello, la empresa solicitó una audiencia el 29 de enero del mismo año con el ministro del Medioambiente, Pablo Badenier (DC). A ella concurrió Moisés Valenzuela por Imaginacción y Pablo Mir, pero en representación de su estudio Bofill-Mir-Álvarez-Jana y el abogado y gerente legal de la compañía, Miguel Troncoso, todos por Candelaria.
“El objetivo de la reunión es poner en conocimiento algunos aspectos del proceso de evaluación ambiental del proyecto de continuidad operacional de Minera Candelaria”, puede leerse en el portal Infolobby.
Coincidentemente, las partes retomaron el diálogo a principios de marzo de 2015, mientras el CEA de Atacama continuaba analizando el EIA para el otorgamiento del permiso de operaciones a Candelaria hasta 2030.
El 25 del mismo mes, Atacama fue azotada por fuertes lluvias que derivaron en un aluvión que afectó a toda la región, dejando muerte y destrucción a su paso.
En paralelo, y analizados todos los elementos ambientales, la SMA resolvió formular cargos en contra de la extractora. La resolución fue emitida el 26 de mayo de 2015 y notificada al director del CEA atacameño, Marco Cabello Montecinos.
En conversación con Radio Bío Bío, Cabello Montecinos explicó que aún cuando la SMA hubiera imputado una conducta en contra del Medioambiente a Candelaria, no podía suspender el análisis del EIA, ya que las instancias corren por carriles separados.
Por ello, el 23 de julio la CEA dictó la Resolución de Calificación Ambiental Nº 133 que dio luz verde al proyecto cuprífero. El dictamen de 271 páginas fue rubricado por el intendente regional, Miguel Vargas (PS), y la directora regional (S) de la entidad ambiental, Verónica Ossandón Pizarro.
Candelaria había salvado la primera valla, pero quedaba la más importante: que el Comité de Ministros confirmara el dictamen ambiental, en Santiago.
Con el primer trámite cumplido, las expectativas de la empresa eran inmejorables. Por esta razón, en agosto de 2015, el escenario era propicio para llegar a un acuerdo económico en favor de Tierra Amarilla.
Esta vez, las reuniones se concretaron en las oficinas de Imaginacción. “Se escogió este último lugar, al cual le dimos la calidad de sitio neutral, ya que no era ninguna de las oficinas de los estudios jurídicos involucrados”, escribieron Bosselin y Briones en un documento al que accedió este medio.
Por triplicado
Aprobado el EIA, la minera y el estudio de Bosselin y Briones resolvieron firmar, en primera instancia un convenio a fines de agosto de 2015. En él, la compañía reconoció su decisión de incrementar “sustantivamente el impacto de la política de responsabilidad social”, luego que la CEA aprobara la continuidad de extracción. El monto se fijó en 11.533 millones 960 mil pesos (16,5 millones de dólares), los que servirían para llevar adelante una serie de proyectos en favor de la comunidad de Tierra Amarilla relativos a cultura, salud, entre otros.
Para la administración del dinero, se creó un “Comité Consultor”, que estaría integrado por un representante de la sede comunal y otro de Candelaria, que designó a su gerente legal Miguel Troncoso. Y como “tercero imparcial” para supervisar las iniciativas, actuaría el dueño de Imaginacción, Enrique Correa, quien además recibiría una renta de 20 Unidades de Fomento más el reembolso de gastos.
En el acuerdo, la minera aseguró que no había cometido daño ambiental y Tierra Amarilla estimaba lo contrario. Es decir, se firmaba un documento en el que ambas partes opinaban de forma diametralmente opuesta sobre la afectación del entorno natural cometido en la comuna. En el escrito, además, no aparecía detallado el monto de los honorarios de Bosselin y Briones, salvo que serían “pagados directamente” por Candelaria.
Junto al convenio, la minera y los abogados de la comuna suscribieron también una transacción. Esta vez por 4.831 millones 121 mil 327 pesos (7 millones de dólares). De ellos, 2.760 millones 640 mil 758 pesos (4 millones de dólares) lo recibirían Briones y Bosselin como pago por actividades en la negociación extrajudicial, prohibida expresamente por la Contraloría -a través de varios dictámenes- que hoy realiza un sumario en la municipalidad.
El resto de la plata, poco más de 2 mil 70 millones de pesos (3 millones de dólares), quedaría a libre disposición para lo que la comuna estimara conveniente.
“(…) Se deduce que la municipalidad de Tierra Amarilla y (…) Minera Candelaria tienen discrepancias sustanciales y de forma sobre los daños ambientales (…) por un lado la municipalidad afirma que los daños ambientales (…) son reales y efectivos y se deben a la autoría de (…) Candelaria (…) A su vez (Candelaria) afirma que ninguno de los daños expuestos en la demanda presentada ante el Segundo Tribunal Ambiental y los señalados en la denuncia presentada ante la Superintendencia del Medioambiente son reales y efectivos”, se lee en la transacción.
Los alcances de lo establecido en ambos escritos fueron expuestos ante el Concejo Municipal de Tierra Amarilla el 2 de septiembre de 2015, al que asistieron Briones, Bosselin y ejecutivos de la compañía, donde se aprobaron todos los puntos.
El 3 de septiembre, los acuerdos fueron refrendados en Santiago, en la Notaría Nancy de la Fuente, bajo instrucciones precisas en la notaría: los honorarios podían ser cobrados por los abogados siempre y cuando el proyecto estuviera completamente aprobado.
En los días que vinieron tras la firma de estos documentos, la compañía desarrolló un intenso lobby ante las autoridades involucradas en la tramitación del permiso operacional.
El 9 de septiembre a las 11.00 horas, se reunieron con el ministro del Medioambiente, Pablo Badenier (DC), es decir, siete días después que el Concejo Municipal aprobara recibir los 16 mil 365 millones 81 mil 327 pesos.
De acuerdo al registro existente en Infolobby, a la oficina del secretario de Estado llegó Pablo Mir, presidente y miembro del estudio Bofill-Mir-Álvarez-Jana, y el CEO de Lundin Mining, Paul Conibear. El encuentro duró una hora. La “materia tratada” habla por sí sola: “agradecer su apoyo en el proceso de EIA (Estudio de Impacto Ambiental)”.
Radio Bío Bío intentó en varias oportunidades entrevistar a Badenier, pero al cierre de este reportaje nunca contestó los requerimientos.
El 20 de octubre de 2015 también hubo reuniones con el director del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), Rodrigo Álvarez Seguel.
En el encuentro de una hora trataron la siguiente materia: “Permiso Depósito de Relaves Los Diques, sancionado ambientalmente en forma favorable mediante RCA N° 133 de 24 Julio 2015, por Comisión de Evaluación III Región de Atacama”. Es decir, Candelaria.
Para el caso del Ministerio de Minería, el 9 de diciembre de 2015 concurrieron el gerente legal Miguel Troncoso y Anita Venegas, gerente de permisos y Medioambiente de la compañía.
Allí fueron recibidos por Juan Francisco Bustos del área inversiones de la cartera. Nuevamente, el Estudio de Impacto Ambiental, aprobado en Atacama unos meses antes, que a esa fecha aún no era resuelto por el Comité de Ministros, fue la materia central, durante 60 minutos.
Así se lee en la web de transparencia: “Observaciones: El titular de la empresa dio a conocer a integrantes del Comité Pro Inversión el estado del proyecto Candelaria 2030 Continuidad Operacional Compañía Contractual Minera Candelaria, ambientalmente sancionado por Resolución de Calificación Ambiental N° 133 de 24 de Julio de 2015”.
Un secreto conoce la luz
En las fotos que publicó la prensa atacameña el 24 de septiembre de 2015, el alcalde Osvaldo Delgado lucía contento. En ellas, aparecía con un alto ejecutivo de Candelaria, ufanándose de que los habitantes tendrían mejoras sustanciales en su calidad de vida, gracias a la responsabilidad social de la cuprífera. De la transacción y los honorarios de Bosselin y Briones nada se dijo.
Todo cambió el 8 de noviembre, cuando el entonces diputado por la zona, Alberto Robles (PRSD) cuestionó la transacción firmada por la sede edilicia y se conoció por primera vez el hecho.
Los concejales inquirieron al alcalde Delgado. Señalaron que desconocían el monto de los honorarios a Bosselin y Briones. Por ello convocaron a una reunión extraordinaria del Concejo comunal el 16 de noviembre, en donde acordaron revocar la cancelación de la plata.
Algunos concejales insistieron en que Bosselin nunca reveló ante la instancia el valor de sus honorarios, ni menos la forma en que serían pagados. Incluso, se buscó la computadora donde había quedado registrado el audio de aquel encuentro, pero el aparato fue robado desde las oficinas del municipio, sin que hasta ahora se conozca quién cometió el delito.
Más allá del desacuerdo al interior del Concejo Municipal de Tierra Amarilla y el intento de que Bosselin y Briones no cobraran sus honorarios, el alcalde Delgado, el 19 de noviembre de 2015 firmó con Candelaria un documento, donde le anticiparon los tres millones de dólares contenidos en la transacción.
Básicamente, el acuerdo señalaba que como la comuna había sido seriamente afectada por el aluvión de marzo de ese año, se hacía necesario el dinero, independientemente que el Comité de Ministros aún no aprobara el Estudio de Impacto Ambiental.
Lo particular es que si la autoridad ambiental en Santiago no aprobaba el EIA, la sede comunal debería devolverle los más de 2 mil 70 millones de pesos.
A lo anterior se sumaba que Sebastián Leiva, dueño de la Frutícola y Exportadora Atacama Limitada, en octubre de 2015, había interpuesto un recurso de reclamación ante la CEA regional, el que sería derivado al Comité de Ministros para su resolución, lo que podría retrasar la aprobación de continuidad de la mina.
Bien lo sabía Pablo Mir,de Candelaria, quien interpuso un reclamo ante Contraloría, donde señalaba que el recurso de Leiva había sido interpuesto fuera de plazo. El organismo fiscalizador, a través del dictamen 18.279, fechado el 8 de marzo de 2016, rechazó las alegaciones del representante de la mina.
Comienza la guerra
Transcurrido el verano, el alcalde Osvaldo Delgado intentó hacer cumplir lo que le había mandatado el Concejo Municipal: recuperar los más de 2.700 millones de pesos. Así, el 16 de marzo de 2016 suscribió en la notaría Ignacio Manquehual de Copiapó, un documento para iniciar acciones judiciales contra Bosselin y Briones.
Mulet, por su parte, se reunió con el presidente de Candelaria y su representante legal Miguel Troncoso. Allí, según este último, les indicó que los abogados con quienes habrían firmado la transacción ya no patrocinaban a Tierra Amarilla.
“Mulet manifestó que los abogados Bosselin y Briones ya no eran abogados de la Municipalidad de Tierra Amarilla, por lo tanto nos solicitaban cambiar las instrucciones dejadas en la notaría, con el objetivo que los abogados no pudieran retirar el vale vista por los 4 millones de dólares (2 mil 700 millones 640 mil 758 pesos). (…) Nuestra respuesta siempre fue negativa, fundado en que los contratos estaban ya celebrados”, declaró el gerente legal de Candelaria, Miguel Troncoso, en la investigación que lleva el Ministerio Público.
En paralelo, y aún cuando ya no paatrocinaban a la comuna atacameña, los abogados Bosselin y Briones se reunieron el 21 de marzo a las 19.00 horas con el director ejecutivo del Comité de Ministros, Jorge Troncoso Contreras, quien desde 1994 a 2003 fue el director regional de la entonces Comisión Nacional del Medioambiente en la Región de Atacama.
De acuerdo al registro de audiencias, Bosselin y Briones señalaron expresamente ser patrocinantes de la sede edilicia. Lo tratado quedó por escrito en el registro de lobby de la entidad y apuntó precisamente a saber en qué estado se encontraba la tramitación de la continuidad operacional de Candelaria.
El 25 de abril, Troncoso envió la citación a los miembros de la instancia, para que el 10 de mayo se trataran varios proyectos, entre ellos el de Candelaria, según se lee en la resolución 160542, a la que accedió este medio.
El llamado fue con copia a los ministros de Medioambiente, Pablo Badenier (DC); de Agricultura Carlos Furche (PRSD); de Salud, Carmen Castillo; de Economía, Luis Felipe Céspedes (DC); de Energía, Máximo Pacheco (PS) y de Minería, Aurora Williams (PRSD). En la oportunidad, según se lee en el acta, asistieron el subsecretario de Medioambiente como ministro suplente, Marcelo Mena e Ignacio Moreno Fernández por Minería, quien fue visitado por los máximos ejecutivos de Candelaria el 23 de mayo de 2015 para tratar -se lee en la página de transparencia-: “Tema Compañía Minera Candelaria”.
Volviendo a la reunión del Comité de ministros, también concurrieron Céspedes y Furche por sus respectivas carteras. La decisión final fue aprobar el EIA de Candelaria, con pequeños alcances.
Con el dictamen, Bosselin y Briones estaban cada vez más cerca del dinero, pero faltaba un trámite: el cúmplase de lo resuelto por los secretarios de Estado, hecho que ocurrió el 12 de septiembre de 2016.
Paralelamente, Osvaldo Delgado quería recuperar la plata para Tierra Amarilla. Es así que el 28 de octubre, interpuso una medida prejudicial ante el 13 Juzgado Civil de Santiago.
Ante los hechos consumados, según la declaración que prestó Delgado ante la Fiscalía de Copiapó, todo se puso color de hormiga.
“Después de octubre de 2016, me llamó Jaime Mulet telefónicamente, quien me pidió que me desistiera de la medida prejudicial, a cambio de dinero y que Bosselin quería conversar conmigo, por ello viajé a Santiago (…), testimonió.
Y agregó: “Fue en ese momento en que Briones, un hombre alto, moreno, me dijo que para qué peleábamos, que todos podíamos ganar dinero. También estaba Jaime Mulet, quien en un momento me llevó a un rincón y me ofreció a mí (…) 400 millones de pesos para que retirara la acción judicial para retener el pago”.
“Yo le dije de inmediato que no podía, porque era una decisión del Concejo (…) Después, en la misma reunión, Bosselin, un viejito parecido a Stephen Hawking, me ofreció 600 millones (…) Yo quedé impactado con todo lo que pasaba (…)”, continuó Delgado.
De nada sirvieron los intentos del edil para recuperar la plata. El 17 de enero de 2017, Briones y Bosselin llegaron a la notaría Nancy de la Fuente, mostraron sus cédulas de identidad, firmaron y retiraron un vale vista emitido por el BCI a nombre de Minera Candelaria por 2.762 millones 960 mil pesos en moneda nacional y caminaron por calle Huérfanos.
En el informe de auditoría interna de Candelaria, preparado por la consultora Deloitte, quedó registrado que los honorarios fueron destinados para “financiar actividades y proyectos relacionados a la reconstrucción y desarrollo comunal”.
Retirado el vale vista, ambos profesionales emitieron una factura a Candelaria, pero la compañía lo rechazó. En la municipalidad de Tierra Amarilla se indicó que tampoco recibieron ni factura ni boletas de honorarios.
En tanto, Pablo Badenier, cuya firma como jefe del CDM permitió que Candelaria siguiera extrayendo cobre, renunció a su cargo de ministro del Medioambiente el 20 de marzo de 2017 para hacerse cargo de la campaña de la entonces presidenciable Carolina Goic. Poco duró, porque el 8 de junio también dejó el cargo por desavenencias con distintos “lotes” que intentaban manejar la campaña. En la actualidad, realiza asesorías ambientales, entre ellas a la firma Pucobre para conseguir el permiso para llevar adelante el relave Las cruces, en la Región de Atacama.
En entrevista con este medio, Mulet reconoció ser el articulador de la contratación de Briones y Bosselin, pero rechazó las imputaciones formuladas por Delgado e indicó que jamás recibió honorarios por gestionar el acercamiento con la minera, ni menos con la transacción de 4 millones de dólares.
Al mismo tiempo admitió que tuvo un “acuerdo no escrito” con Briones y Bosselin, mientras estuvo fuera de la política durante siete años, luego de perder la senatorial por la zona en 2009. Sin embargo, declinó dar a conocer el monto.
El acuerdo con los juristas, según la información obtenida por este medio, nunca se cumplió y Mulet no recibió dinero alguno por todas las gestiones realizadas en favor de Tierra Amarilla, lo que derivó en un serio distanciamiento con Bosselin y Briones. Sobre el pago de esos honorarios, Mulet explicó que en 2016 decidió volver a la actividad parlamentaria y postular a diputado por la zona: “No. No quise cobrarlo. Opté por la vía pública. Atacama es una zona pequeña. Imagínese las personas de Tierra Amarilla (…) Y si soy candidato y al mismo tiempo me ven persiguiendo 100, 200 o 300 millones de pesos de honorarios, aunque sean muy legítimos….”.
– Pero el pago a Bosselin y Briones igual era harta plata.
– Sí, pues. Es harta plata- concluyó el parlamentario
Gestión de última hora
Actualmente, la investigación se encuentra desformalizada a cargo del fiscal de Copiapó, Luis Miranda. Tanto este último, como también del organismo de Atacama, confirmaron oficialmente la existencia de la indagatoria, tras las consultas de Radio Bío Bío.
Candelaria siguió su ruta de lobby. Por ello pidió audiencia con el abogado Procurador Fiscal del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Adolfo Rivera el pasado 23 de julio, es decir a casi un mes de que Delgado confesara ante la Fiscalía de Copiapó. El encargado de la gestión fue el director de la minera en Chile, Pablo Mir, uno de los dueños del estudio Bofill- Mir- Álvarez-Jana.
Ante la petición, que no quedó registrada en la plataforma de Ley del Lobby, Rivera informó al CDE de Santiago. La situación fue analizada en el Comité Penal del organismo, donde se resolvió que por ningún motivo debía recibir a Mir.
La situación era compleja para la entidad, por lo que Rivera consultó a Santiago, donde le ordenaron rechazar la solicitud.-
Inquirido el CDE por esta situación, respondió a través de un comunicado: “(…) dicha solicitud de audiencia fue denegada, atendido el carácter penal del asunto a tratar, el cual se encontraba en proceso de estudio y análisis de antecedentes por parte del Consejo de Defensa del Estado, sin que éste hubiera adoptado decisión alguna a esa fecha, ni recibido a nadie que se encontrara involucrado en los hechos”.
Al interior del CDE reconocen que la situación es compleja, porque el momento en que se produce la solicitud en Atacama, Quintana era parte del estudio de abogados. Hace pocas semanas, este último formó su oficina particular.
Radio Bío Bío intentó obtener una versión de José Luis Andrés, abogado del suspendido alcalde Delgado, pero declinó referirse al tema, señalando que la investigación es secreta.
Lo propio se hizo con Rodrigo Quintana, quien tampoco quiso comentar el hecho. Pese a requerir la versión de Imaginacción, hasta el cierre de este reportaje no hubo respuesta.
Quien sí contestó fue Mark Turner, de Lundin Mining en Canadá, aunque ahondó débilmente en las preguntas enviadas por Radio Bío Bío. Indicó que la firma ha cumplido con todas las leyes chilenas y extranjeras: “Con relación a su pregunta, Lundin Mining tiene un Código de Conducta, Valores Éticos y Política Anticorrupción claros y declarados públicamente. Estas políticas determinan el estándar de comportamiento esperado para todos los directores, funcionarios, empleados, consultores y contratistas de Lundin Mining y sus subsidiarias. Como se observa, esta Política hace referencia directa a aspectos relacionados con anticorrupción y ética de negocio en nuestro trato con funcionarios públicos y situaciones potenciales de conflicto de interés”.
El pasado 28 de junio, a las 15.40 horas, el alcalde de Tierra Amarilla (III Región), Osvaldo Delgado, -hoy suspendido y formalizado por corrupción- abrió una Caja de Pandora. En una investigación secreta que sustancia la Fiscalía de Atacama por fraude al fisco y prevaricación de abogado, el edil acusó que el actual vicepresidente de la Cámara de Diputados, Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social y exDC), le ofreció una coima de 400 millones de pesos.
La información consta en la declaración prestada por el edil -y guardada bajo estricta reserva- ante el Ministerio Público atacameño, a la que accedió en exclusiva la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.
Según el jefe comunal, el parlamentario le propuso recibir dicha suma en octubre de 2016, a cambio de alzar una precautoria judicial para que los abogados de la comuna, Hernán Bosselin y Ramón Briones -ambos exDC-, pudieran cobrar sus honorarios que ascendían a varios miles de millones de pesos.
La remuneración reclamada por Mulet para Bosselin y Briones -que él mismo diputado recomendó para que asesoraran a la sede edilicia- se basó en que los profesionales habían logrado que la minera Candelaria pagara a la municipalidad una suma de 16 mil 365 millones 81 mil 327 pesos (22,5 millones de dólares), en septiembre de 2015. Ello a cambio de no iniciar acciones judiciales que pudieran complicar la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante la Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama y el Comité de Ministros, en Santiago, resoluciones clave para la continuidad operacional de la extractora de capitales canadienses Lundin Mining, desde 2017 a 2030.
Este tipo de acuerdos se encuentran expresamente prohibidos por la Contraloría, a través de varios dictámenes. Uno de ellos, fechado en septiembre de 2017, señala:
“ (…) no corresponde que por intermedio de una transacción se exima del cumplimiento de la obligación de reparar el daño ambiental causado a su autor, ya que no solo se vulnera el texto expreso del artículo 44 de la ley N° 20.600 (…) sino que, en definitiva, se deja sin eficacia la acción ambiental contemplada con tal propósito y no se da cumplimiento a la función propia de la entidad edilicia de proteger el medio ambiente”, señala el documento.
A raíz de este pronunciamiento, el organismo fiscalizador realiza un sumario en la sede comunal que se encuentra en pleno desarrollo.
Los datos sobre cómo se dividiría el monto, aparecen en dos documentos firmados por el abogado Pablo Mir, también presidente de la minera Candelaria en Chile y el edil, que datan del 3 de septiembre de 2015.
El primero es un convenio en el marco de la Ley de Donaciones y “responsabilidad empresarial”, donde Candelaria le transfiere al municipio 11.533 millones 960 mil pesos (16,5 millones de dólares), los que serían usados para mejoras en la comuna, previa creación de una entidad, a través de la cual se administrarían una serie de proyectos destinados a salud, educación, cultura, entre otros tópicos.
El segundo, en tanto, es una transacción que entregaba -a libre disposición a Tierra Amarilla- 4.831 millones 121 mil 327 pesos (7 millones de dólares). Ambos documentos, aparecen aprobados por el Concejo Municipal, fechados el 2 de septiembre de 2015.
Pablo Mir, quien rubricó los escritos es, al mismo tiempo, representante de la Compañía en el directorio del Consejo Minero, en la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y socio del estudio Bofill-Mir-Álvarez-Jana (BMAJ).
El bufete está compuesto por Alejandro Álvarez, experto en derecho corporativo y especialista en arbitrajes. Y por último Andrés Jana, quien ha patrocinado al Estado chileno por litigios limítrofes, como también representante del Grupo Luksic. Hasta hace algunos años, en el estudio trabajó el exministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. Este último de desempeña actualmente como gerente legal de Quiñenco, que agrupa a las compañías de Andrónico Luksic, quien a su vez funge como presidente del directorio.
Otro miembro de esa oficina que también participó de las tratativas junto a Mir, fue Rodrigo Quintana. Ligado al PS, al igual que Correa-, funge actualmente como jefe del Comité Contencioso Administrativo del Consejo de Defensa del Estado (CDE). Se ha desempeñado, además, como titular de la Defensoría Penal Pública, nombrado precisamente por la entonces ministra de Justicia, Soledad Alvear, de quien fue asesor cuando esta última se desempeñó como Canciller, durante el gobierno de Ricardo Lagos. Sumado a lo anterior, también integró el directorio de la firma de lobby Imaginacción, cuyo dueño es el exministro Enrique Correa.
Entre otras asesorías, Imaginacción prestó servicios a Cheyre, a su par Juan Miguel Fuente-Alba, procesado por malversación de caudales públicos por más de 3 mil millones de pesos y al cineasta Nicolás López, acusado de abuso sexual y violación.
Una cifra simbólica
El presunto ofrecimiento de 400 millones de parte de Mulet, que Delgado estampó en su testimonio, no era menor. De los más 4.831 millones de pesos obtenidos por Tierra Amarilla en la negociación con la minera, Briones y Bosselin cobrarían 2.760 millones 640 mil 758 pesos (4 millones de dólares), como honorarios. Es decir, más de 50 por ciento de la cifra total, mientras el resto de la plata, poco más de 2 mil 70 millones de pesos, la comuna podría usarlos en lo que estimara conveniente.
En los dichos de Osvaldo Delgado, hoy formalizado por fraude al fisco y suspendido de sus funciones por 700 días (ver recuadro), el supuesto intento de soborno por parte de Mulet ocurrió en la oficina de Bosselin y Briones, ubicada en Sótero del Río 326.
“En octubre de 2016, me llamó Jaime Mulet, telefónicamente, quien me pidió que me desistiera de la medida precautoria a cambio de dinero y que Bosselin quería conversar conmigo. Por ello viajé a Santiago con Jorge Brito (un empleado contratado en la municipalidad a instancias del hoy parlamentario)”, dijo Delgado.
Y agregó: “Fue en ese momento que Briones, un hombre alto, moreno, me dijo que para qué peleábamos, que todos podíamos ganar dinero. También estaba Jaime Mulet, quien en un momento me llevó a un rincón y me ofreció a mí y a Jorge Brito (…) 400 millones de pesos para que retirara la acción judicial para retener el pago”.
Delgado testimonió que el ofrecimiento lo sorprendió: “Yo le dije de inmediato que no podía, porque era una decisión del Concejo (municipal) y no podía dejarla sin efecto yo solamente. Después, en la misma reunión, Bosselin, un viejito parecido a Stephen Hawking, me ofreció 600 millones (…) Yo quedé impactado con todo lo que pasaba (…)”, continuó Delgado.
Según indicó, hubo una confabulación de intereses: “Todo este acuerdo lo manejaron Mulet, Jaime Bahamondes (administrador municipal, contratado también por recomendación de Mulet), con Briones y Bosselin. Ahora estoy convencido que todos ellos (…) se coludieron para obtener dinero de la minera a cualquier costo (…) Es injusto que los abogados de la municipalidad obtengan más que su cliente (…) eso demuestra que ellos protegieron sus intereses antes que los de la Municipalidad de Tierra Amarilla y me utilizaron para lograrlo. Yo no recibí un solo peso por ese acuerdo”, declaró ante el organismo perseguidor.
Estados Unidos y Canadá
La negociación, donde Tierra Amarilla accedió a no recurrir judicialmente por daño ambiental contra la empresa fue larga. El primer acercamiento se inició en diciembre de 2012, cuando Osvaldo Delgado recién había asumido como alcalde electo y la minera aún era propiedad de la estadounidense Freeport. En el encuentro, que se desarrolló en el hotel Diego de Almagro de Copiapó, participaron Mulet y Delgado y el vicepresidente de negocios de Candelaria, Francisco Costabal y su presidente Peter Quinn.
En la oportunidad, tanto Mulet como Delgado les explicaron a los ejecutivos que la firma había cometido un grave daño ambiental en la comuna, tal como lo señalaba un estudio que habían preparado para acreditar el hecho.
Por esta razón propusieron generar un “canal de diálogo” para que la extractora evaluara una compensación.
“Expresaron su intención de no perjudicar a la minera y de conversar posibles acercamientos y solución para evitar que pasara el tema a mayores”, señaló el abogado de Candelaria, Miguel Troncoso, en el testimonio que prestó ante la PDI copiapina, el 17 de enero de 2018, al que accedió este medio.
La “propuesta” fue analizada por la firma, pero a los pocos meses se rechazó, estimándose que la firma no había cometido ninguna contravención a las normas ambientales, de acuerdo al versión policial de Troncoso.
La chance de un “canal de diálogo” había vuelto a fojas cero, pero en septiembre de 2013 la firma minera debía presentar su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de Atacama. El documento era el primer paso para lograr que la mina siguiera operando desde 2017 a 2030 ya que, paralelamente, la estadounidense Freeport negociaba la venta a la canadiense Lundin Mining (LM).
En septiembre de ese año, Freeport ingresó el EIA. En noviembre, por recomendación de Mulet, Osvaldo Delgado, en su calidad de jefe comunal, contrató los servicios de Bosselin y Briones.
La gestión, reconocida por Mulet en conversación con Radio Bío Bío, derivó que en el 12 de diciembre de 2013 Tierra Amarilla presentó una demanda por daño ambiental ante el Segundo Tribunal de ramo, en Santiago, patrocinada por estos últimos profesionales.
La acción legal nunca fue notificada a la minera y meses más tarde fue archivada por falta de movimiento.
Atendido a que la presentación podía complicar el futuro económico de Candelaria, la compañía contrató a la empresa Imaginacción, propiedad del exministro y lobbista Enrique Correa.
A la vanguardia estuvo Moisés Valenzuela (DC), uno de los socios de la firma de asesorías comunicacionales. Ligado al lote de los exDC Gutenberg Martínez y Soledad Alvear– es viejo conocido de Mulet cuando militaba en la falange.
El lobbista apareció en escena a principios de 2014 y tomó el primer contacto con Bosselin y Briones, para a evitar que la estrategia legal de Tierra Amarilla siguiera su curso y afectara los intereses de la cuprífera de Freeport, que negociaba su venta. Esta última se concretó en octubre de 2014, cuando la canadiense Lundin Mining, la adquirió por 1.800 millones de dólares.
Pues bien, desde ese encuentro hasta julio de 2015, se desató una dura negociación extrajudicial donde participaron Bosselin, Briones, Mulet y Delgado. Candelaria, en tanto, fue representada legalmente por el estudio del jefe en Chile de la minera Pablo Mir, donde también son socios Jorge Bofill, Alejandro Álvarez y Andrés Jana. El elegido de la oficina de abogados para acudir a los encuentros fue Rodrigo Quintana.
Coincidentemente, el suspendido alcalde de Tierra Amarilla está formalizado por fraude al fisco, donde uno de los querellantes es el CDE.
Prácticas Corruptas, en inglés
La historia tuvo para las partes un final feliz. En julio de 2015 la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de Atacama aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la continuidad de la mina y el 3 de septiembre se firmaron los acuerdos entre la minera y la comuna por 16.136 millones 581 mil 327 pesos, previa aprobación del Concejo Municipal de Tierra Amarilla. Es decir casi tres meses después.
Formalizado el acuerdo, la cuprífera emitió dos vale vista. Uno de ellos por 2.760 millones 640 mil 758 pesos (4 millones de dólares), serían cobrados por Bosselin y Briones como honorarios. Es decir, más de 50 por ciento de la cifra total, mientras el resto de la plata, poco más de 2 mil 70 millones de pesos, la comuna podría usarlos en lo que estimara conveniente.
Ambos documentos quedaron “en custodia” en la notaría santiaguina, Nancy de la Fuente, a la espera de que el Comité Ministros, aprobara definitivamente la continuidad operacional de Candelaria hasta 2030.
Cercanos a De la Fuente, confidenciaron a Radio Bío Bío que cuando llegaron a sus manos los instrumentos financieros con la “cláusula suspensiva” de que solo podrían cobrarse con el trámite ambiental definitivo, quedó preocupada. Por ello, realizó consultas a especialistas en el ramo para evaluar la legalidad de la transacción hecha por Candelaria. Pese a la duda que le provocó la singular negociación, De la Fuente autorizó los documentos.
Las gestiones de la cuprífera continuaron y el 9 del mismo mes, la empresa visitó al entonces ministro del Medio Ambiente Pablo Badenier (DC), a quién le “agradecieron” sus gestiones para aprobar el Estudio de Impacto Ambiental, tal como se lee en la web de transparencia de la secretaría de Estado.
Después de aquellos “agradecimientos”, lo interesados no tuvieron que esperar mucho tiempo más, porque en septiembre de 2016, a casi un año de los acuerdos, el Comité de Ministros -cuyo presidente era precisamente Badenier- confirmó lo resuelto por el CEA de Atacama, aprobando que la minera pudiera continuar sus labores extractivas por otros trece años.
Poco más de tres meses después, el 17 de enero de 2017, más allá de la oposición de Delgado y la discusión que detalló en su confesión al Ministerio Público, Bosselin y Briones pudieron retirar el vale vista desde la notaría Nancy de la Fuente por 2.760 millones 640 mil 758 pesos. Candelaria había ganado y sus pretensiones económicas se habían cumplido a cabalidad.
Coincidencia o no, el 20 de marzo del mismo año Badenier renunció al Ministerio del Medio Ambiente, asumiendo la jefatura de campaña la presidencial de Carolina Goic (DC).
Hasta ahora no hay claridad dónde fueron a parar los honorarios ni cómo fueron rendidos por Bosselin y Briones ante el SII . Los juristas emitieron una factura a Candelaria, la que fue rechazada por este última, que sí pagó la carga impositiva, dijo a este medio una fuente de la compañía. Tierra Amarilla, en tanto, tampoco recibió documento alguno que justificara los honorarios de los profesionales. Mulet, en tanto, negó haber recibido dineros para su campaña a diputado, que inició ese mismo año.
La investigación del Ministerio Público donde confesó Delgado, instala a la empresa en una situación judicial compleja en Chile y en el extranjero bajo la figura del cohecho internacional, ya que sus políticas internas se rigen por los llamados FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) o leyes contra las prácticas corruptas. En suelo nacional, en tanto, también podría enfrentar la Ley de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, cuerpo legal que busca cumplir el estándar OCDE y recientemente modificado, que apunta al pago de sobornos de entidades extranjeras a funcionarios públicos chilenos.
Consultada la firma Candelaria, respondió que todas sus actividades en Chile se encuentran apegadas a la legislación vigente, descartando cualquier anomalía.
Por ahora, la causa está desformalizada a cargo del fiscal de Copiapó Luis Miranda, donde han declarado, entre otros, el gerente legal de la minera, Miguel Troncoso, y más de una decena de funcionarios de la sede comunal.
De acuerdo a fuentes que conocen del caso, la indagatoria está centrada también en establecer el mal uso de la transacción, ya que la Ley de Donaciones no permite entregar dineros de libre disposición para el pago de honorarios, toda vez que impide una negociación extrajudicial por daño ambiental.
Lobby de Candelaria en el CDE
La trama de hechos detrás de la firma de estos millonarios acuerdos, tiene una serie de redes políticas ligadas al fallecido exDC Adolfo Zaldívar en la Tercera Región, lobby a funcionarios públicos, entre ellos de Medio Ambiente, Minería e, incluso, con el abogado procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) de Atacama, Adolfo Rivera Galleguillos.
Con este último intentó reunirse -el 23 de junio de 2018- el presidente de Lundin Mining, Pablo Mir. En otras palabras, 25 días después que Delgado confesara ante la Fiscalía el presunto soborno de Mulet y la trama de pagos a la comuna.
Rivera Galleguillos informó de inmediato a Santiago y en el comité penal del CDE se estimó que no podía recibirlo bajo ningún aspecto. El asunto es preocupante para el organismo, ya que precisamente Quintana -miembro del del Consejo- trabajaba por entonces en el estudio Bofill-Mir-Álvarez-Jana. Quintana abrió a fines de 2018 una oficina particular.
La sospecha al interior del CDE es que Mir pudo conocer que Delgado había confesado y necesitaba tener claridad de cuáles serían los pasos legales que podría seguir la entidad dirigida por la abogada María Eugenia Manaud.
De acuerdo a la información recabada por Radio Bío Bío el delito de prevaricación de abogado estaría configurado y en el CDE de Atacama se analizan las acciones legales contra Bosselin y Briones. En todo caso, cualquier determinación al respecto deberá ser aprobada por el Comité Penal del organismo, en Santiago.
La situación es aún compleja al interior de la entidad, precisamente porque de avanzar la investigación con una querella del CDE contra Bosselin y Briones, el consejero Rodrigo Quintana podría también ser indagado como imputado por su relación con las tratativas que favorecieron a Candelaria.
Cercanos a este último, en todo caso, indicaron que en las reuniones del organismo donde se ha tratado los alcances de la investigación, siempre ha presentado su inhabilidad.
Hay que recordar que los consejeros son nombrados por el Presidente de la República sin expresión de causa. Su permanencia en el cargo finaliza a los 75 años y solo pueden ser removidos por una decisión del Primer Mandatario con acuerdo del Senado.
A diferencia de otros funcionarios públicos, pueden ejercer su rol de abogados en forma privada, cobrando los honorarios que estimen pertinentes, siempre y cuando su trabajo no incluya litigios contra el Estado.
Actualmente, un consejero obtiene poco más de 8 millones 600 mil pesos como sueldo mensual, mientras que el presidente, también nombrado por la presidencia, más de 9 millones 400 mil pesos, según la página de transparencia activa del organismo que vigila los intereses del fisco de Chile.
Mañana, lea la segunda parte: Minera Candelaria: la red de lobby para aprobar la continuidad del proyecto minero canadiense
* Para este reportaje fueron consultados Briones, Bosselin, Quintana, José Luis Andrés, abogado de Osvaldo Delgado, el ex ministro Badenier e Imaginacción. Ninguno quiso entregar su versión.
La Fiscalía de Atacama, en tanto confirmó la existencia de la investigación, aunque indicó que se encuentra desformalizada.
“Este tipo de investigaciones involucran procesos complicados, tanto por el número de diligencias que debe realizar la fiscalía como por la complejidad de la investigación que debe analizar. Una vez que se realicen todas aquellas diligencias que se estimen necesarias, se tomará la decisión que en derecho corresponda”, contestó luego de las consultas de este medio.
Por último, indicó que la información de la indagatoria fue enviada a la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional “atendido a que se trata de un caso complejo”.
